Reservas ciudadanas

Latinoamérica, el lugar donde vivimos, posee extensas áreas naturales despobladas. La Argentina es el octavo país del mundo en superficie, pero su población está concentrada principalmente en grandes centros urbanos. Un 30 por ciento del territorio del país ha sido removido para la siembra de diferentes cultivos, el resto cuenta con paisajes semiáridos o desérticos, selváticos y boscosos, donde la naturaleza está a tiempo de conservarse para bien, ya no sólo de los habitantes de este suelo, sino de la Humanidad entera. La preservación de los ecosistemas locales garantiza al resto del planeta lo que muy pocos están en condiciones de generar: servicios ambientales. Ese capital natural regula los gases de la atmósfera, el clima, los suelos y el agua, sirve como refugio de especies y control biológico, garantiza las materias primas, los recursos genéticos y hasta la recreación y la diversidad cultural que ofrece un sitio natural.
 
Las áreas protegidas constituyen hoy un bien y una herramienta de conservación indispensable frente a la agresiva expansión de la frontera agropecuaria y la deforestación en la región. La Argentina tiene en total 34 parques nacionales, más de tres millones de hectáreas resguardadas por el Estado y unos 250 predios cuya tutela está a cargo de municipios y provincias. Pero hay un componente adicional que podría aumentar las áreas protegidas vertiginosamente de la mano de una mayor conciencia ambiental: las reservas privadas, también llamadas reservas ciudadanas, por los compromisos múltiples que asumen diferentes sectores de la comunidad frente al desafío de la conservación.

Las reservas ciudadanas nacen y se desarrollan en campos privados cuyos dueños diseñan un plan de manejo, en algunos casos junto a una organización ambiental, con el apoyo de organismos técnicos o de la universidad, e integran a la comunidad ofreciéndoles una posibilidad laboral. A la vez toman sus saberes ancestrales para el desarrollo integral del proyecto. Los pobladores locales conocen, posiblemente mejor que nadie, el comportamiento de los animales, la vegetación y hasta la meteorología.
 
En territorio argentino hay 112 reservas ciudadanas. Se trata de casi 600.000 hectáreas cuyos propietarios manifiestan expresamente la voluntad de implementar un modelo de desarrollo que no utiliza agroquímicos, rota sus cultivos, protege a las especies nativas y alienta el turismo responsable. A cambio reciben beneficios técnicos o económicos. En algunas provincias las exenciones impositivas llegan al ciento por ciento, en otras hay líneas de financiamiento para programas específicos. En la provincia de Buenos Aires se ofrece ayuda económica para el mantenimiento del área, en Chaco, el Estado se compromete al control y vigilancia de los campos, y en Río Negro, el apoyo es con cartelería y señalización.

Salvar las palmeras. El Palmar Grande de Colón (consituido por palmeras Yatay en la provincia de Entre Ríos) es el más austral y uno de los más importantes del país. Desde 1966 está resguardado por la creación del Parque Nacional El Palmar. Lo que quedó fuera del área está desapareciendo porque para que germinen las palmeras se necesitan suelos arenosos y bien drenados, justamente los requerimientos para cultivos agrícolas y forestales. Uno de los bosques puros que se conservan a salvo de las topadoras y el desmonte comprende unas 200 hectáreas y está dentro del Refugio de Vida Silvestre ‘La Aurora del Palmar’, de 1.300 hectáreas en total, al noreste de la provincia de Buenos Aires. Hay selvas en galerías, pajonales y lagunas donde habitan vizcachas, zorros, mulitas, peludos, lagartos overos, ñandúes, carpinchos y corzuelas. Los campos de esta reserva ciudadana son de Don Raúl Peragallo y su familia. Combinan las actividades de protección de la naturaleza con la de producción tradicional entrerriana: cosechan naranjas y mandarinas, practican la ganadería a escala y desarrollan forestaciones de pinos y eucaliptos. La tarea se completa con un emprendimiento ecoturístico que recibe a familias en temporada y, durante las clases, a estudiantes locales. Trabajan en colaboración con el Parque Nacional, el INTA y la universidad. Estos pobladores colaboran con la protección de un paisaje frágil y único, ofrecen trabajo a una veintena de vecinos (son uno de los empleadores más importantes de la zona) y cumplen con el objetivo de divulgar los valores de la conservación.

Antes de que sea tarde. El compromiso voluntario de los propietarios con estas prácticas va desde los tres a los 20 años. Por ahora no hay experiencias que contemplen la preservación de un predio en estas condiciones a perpetuidad. Por lo tanto, la conservación en el tiempo depende de las decisiones que vayan tomando los herederos. El Estado no ha intervenido para facilitar el compromiso de por vida. Son territorios que en 20 años podrían duplicar su valor. Exactamente lo contrario a lo que ocurrirá con los campos donde sus propietarios gozan de ganancias transitorias con la práctica del monocultivo, la labranza excesiva que agota los suelos o la persistencia de agroquímicos. En un caso hijos y nietos podrán seguir. En el otro, los herederos resultarán condenados por la generación actual: les quedarán territorios improductivos. Es que, a menudo, la importancia de los beneficios del ecosistema se aprecia sólo después de que se pierden.